El Supremo considera interés abusivo el 24,6% en un contrato de crédito

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta sentencia estimando el recurso de casación interpuesto por un particular, casando y anulando sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que disponía que un contrato de crédito con un interés remuneratorio del 24,6% no debía ser considerado usurario.

El caso en cuestión gira en torno la demanda presentada por una entidad financiera contra un particular en reclamación del saldo de la cuenta de crédito y los intereses devengados desde el cierre de la cuenta en un contrato de crédito en el que el tipo de interés remuneratorio era del 24,6% TAE.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial ante la que recurrió en apelación el demandado rechazaron el carácter usuario de la operación de crédito.

Por el contrario la Sala del Tribunal Supremo considera que dicho contrato de crédito infringe el art. 1 de la Ley de Represión de Usura y, por tanto, debe considerarse interés abusivo y usuario ya que el interés del 24,6 % es “notablemente superior al normal del dinero” y porque “es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” sin que concurra ninguna circunstancia legal que justifique un interés tan elevado.

Asimismo, dice el Alto Tribunal que no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico una elevación desproporcionada del tipo de interés en operaciones de financiación al consumo con base en el riesgo de impago en operaciones concedidas por las entidades financieras en las que no se ha comprobado adecuadamente la capacidad de pago de los clientes puesto que ello provoca el sobreendeudamiento de los consumidores y, por otro lado, obliga a cargar con las consecuencias del nivel de impagos a aquellos que sí cumplen regularmente con sus obligaciones de pago.

Por tanto, corresponde a la entidad hacer un mejor estudio de la capacidad de pago del potencial prestatario para disminuir el riesgo de impago, en vez de aplicar unos intereses desproporcionados para “compensar” la falta de estudio del riesgo de la operación.