¿LIBERTAD PARA ODIAR?

LAS DENUNCIAS SOBRE LOS COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES A FAVOR DE LA MUERTE DEL TORERO VÍCTOR BARRIO REABREN EL DEBATE SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DISCURSO DEL ODIO

 

Desde la muerte del diestro Víctor Barrio el pasado sábado 9 de agosto en la plaza de toros de Teruel, las redes sociales se han inundado de comentarios a favor del suceso. Ahora, los taurinos han presentado querellas contra muchos de estos comentarios, entre los que destaca el de Vicent Belenguer. A estos hechos se suma la condena del Tribunal Supremo (TS) de un año de prisión a una joven por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo por sus comentarios en Twitter humillando a Irene Villa y Miguel Ángel Blanco.

El llamado “discurso del odio” ha sentado en el banquillo a personajes conocidos como el cantante de Def Con Dos, César Strawberry, o el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata.

Por tanto, el debate está en si todos estos comentarios están amparados por la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española, pero que tiene sus límites en el resto de Derechos Fundamentales, en especial en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

El Código Penal, en sus artículos 208 y 578 tipifica los delitos de injurias y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, respectivamente.

-Artículo 208: Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

-Artículo 578: 1. El enaltecimiento de actos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.

En ambos casos, el Código Penal dispone que si estos hechos se han producido con uso de publicidad, en especial a través de medios de comunicación públicos tales como internet, las penas se agravarán.

El Tribunal Supremo considera que estos comentarios se enmarcan dentro del “discurso del odio” y que no están protegidos por la libertad ideológica o de expresión. Asimismo, subraya que no se trata de “criminalizar las opiniones discrepantes”, sino de combatir las actuaciones de aquellos que realizan “un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad” y “atentan” contra el sistema democrático establecido.